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En una medida que ha generado controversia y preocupación en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha autorizado el uso de servicios de inteligencia para monitorear a individuos y organizaciones que, según el gobierno, buscan "manipular la opinión pública" y "erosionar" las políticas de seguridad nacional. La decisión ha desatado un debate sobre los límites de la vigilancia estatal y la libertad de expresión en el país.

Según fuentes oficiales, el objetivo de esta medida es identificar y neutralizar a aquellos "actores" que intentan socavar la confianza del público en las acciones del gobierno, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Se menciona específicamente que operativos de seguridad podrían ser objeto de campañas de desinformación o críticas infundadas, buscando generar incertidumbre y desestabilización.

¿Quiénes son los Objetivos de la Vigilancia?

Si bien el gobierno no ha publicado una lista específica de individuos o medios de comunicación que serán objeto de vigilancia, se entiende que se incluirán periodistas, activistas, organizaciones de derechos humanos y cualquier persona o grupo que critique públicamente las políticas del gobierno o difunda información considerada perjudicial para la imagen del Estado.

Reacciones y Críticas

La medida ha sido duramente criticada por la oposición política, organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa. Argumentan que la vigilancia de críticos políticos es una forma de persecución y censura, y que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos. "Esta es una clara señal de que el gobierno de Milei está dispuesto a silenciar a quienes no estén de acuerdo con sus políticas", declaró un representante de la Asociación de Periodistas Argentinos (AJP).

Desde el gobierno, se defiende la medida argumentando que es necesaria para proteger la seguridad nacional y combatir la desinformación. "No podemos permitir que actores malintencionados manipulen a la opinión pública y pongan en riesgo la estabilidad del país", afirmó un portavoz del gobierno.

Implicaciones para la Libertad de Expresión

La autorización de vigilancia genera serias dudas sobre el futuro de la libertad de expresión en Argentina. Expertos en derechos humanos advierten que la medida podría tener un efecto escalofriante en la prensa y en la sociedad civil, disuadiendo a las personas de expresar sus opiniones críticas por temor a ser vigiladas.

El Contexto Político

Esta decisión se produce en un contexto de alta polarización política en Argentina. El gobierno de Milei ha implementado una serie de políticas económicas y sociales controvertidas, que han generado fuertes críticas y protestas. La medida de vigilancia se interpreta como una respuesta a estas críticas, y como un intento de controlar la narrativa pública.

¿Qué Sigue?

El futuro de esta medida es incierto. La oposición política ha prometido denunciar la medida ante la justicia, y organizaciones de derechos humanos han anunciado que realizarán un seguimiento de su implementación. La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la situación en Argentina, instando al gobierno a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión.