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Ciudad de México, 26 de junio de 2024 – Artículo 19 y diversas organizaciones civiles han expresado su profunda preocupación ante el paquete legislativo que busca legalizar la vigilancia por parte del Estado en México. A pesar de las advertencias constantes sobre posibles violaciones a los derechos humanos y la creciente demanda ciudadana por transparencia y control, el proyecto de ley avanza, generando un clima de incertidumbre y temor.

La controversia radica en la amplitud de las facultades que se otorgarían a las autoridades para la recolección y el uso de datos personales. Se teme que esta legislación, tal como está planteada, pueda ser utilizada para espiar a ciudadanos, restringir la libertad de expresión y reprimir la disidencia política. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Artículo 19 han insistido en que la vigilancia estatal debe estar sujeta a estrictos controles y salvaguardias para evitar abusos.

¿Qué plantea el proyecto de ley?

El paquete legislativo, aún en discusión en el Congreso, propone modificar leyes existentes para permitir que las autoridades accedan a una amplia gama de datos personales, incluyendo información telefónica, registros de navegación en internet, datos bancarios e incluso información de redes sociales. Se argumenta que estas medidas son necesarias para combatir la delincuencia y el terrorismo, pero las organizaciones civiles advierten que el riesgo de que se utilicen para fines distintos a los declarados es demasiado alto.

Preocupaciones clave:

• Falta de Control Judicial: Se critica la falta de mecanismos efectivos de control judicial sobre las actividades de vigilancia, lo que podría permitir que se realicen interceptaciones ilegales y recopilación de datos sin justificación.
• Amplitud de los Datos Recopilados: La posibilidad de acceder a una gran cantidad de datos personales, incluso aquellos que no están directamente relacionados con una investigación, genera preocupación por la privacidad de los ciudadanos.
• Riesgo de Uso Político: Existe el temor de que la información recopilada se utilice para fines políticos, como la persecución de opositores y la represión de la libertad de expresión.
• Transparencia Limitada: La falta de transparencia en los procesos de vigilancia dificulta la rendición de cuentas y la posibilidad de que los ciudadanos puedan impugnar las acciones de las autoridades.

La Reacción de Artículo 19:

Artículo 19 ha realizado un llamado urgente al Congreso para que se realice una revisión exhaustiva del proyecto de ley y se introduzcan modificaciones que garanticen el respeto a los derechos humanos. La organización ha propuesto la creación de un sistema de control judicial independiente, la limitación de los tipos de datos que pueden ser recopilados y la obligación de informar a los ciudadanos cuando se les está vigilando.

El Futuro de la Vigilancia en México:

El debate sobre la legalización de la vigilancia por parte del Estado en México es crucial para el futuro de las libertades civiles y el estado de derecho. Es fundamental que se establezcan límites claros y mecanismos de control efectivos para evitar que la seguridad nacional se utilice como pretexto para restringir los derechos de los ciudadanos. La sociedad civil debe permanecer vigilante y exigir que se respete el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

La aprobación de esta legislación sin las debidas garantías podría marcar un punto de inflexión en la historia de México, abriendo la puerta a una era de vigilancia masiva y restricción de libertades. El futuro de la democracia mexicana está en juego.