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En medio de un creciente debate sobre la concentración de la tierra y el impacto del 'agronegocio' de los fondos de inversión, Sumar ha presentado una ambiciosa propuesta en el Congreso: la creación de un banco público de tierras agrarias. Esta iniciativa busca recuperar el control sobre el suelo fértil y garantizar un acceso más equitativo a los recursos para pequeños agricultores y comunidades locales.

¿Por qué un banco público de tierras? La propuesta de Sumar responde a la preocupación por la creciente adquisición de tierras agrícolas por parte de grandes fondos de inversión, a menudo con fines especulativos y sin un compromiso real con la producción sostenible. Este fenómeno, conocido como 'agronegocio', ha generado críticas por su impacto en los precios de los alimentos, la pérdida de empleos en el sector agrícola y la degradación del medio ambiente.

El banco público de tierras, según la proposición no de ley registrada por Sumar, tendría como objetivo:

• Realizar un censo exhaustivo de tierras abandonadas o subutilizadas: Esta es la piedra angular de la propuesta. Se busca identificar aquellas parcelas que, por diversas razones, no están siendo utilizadas de manera óptima y que podrían ser incorporadas al banco público.
• Adquirir estas tierras: El banco podría adquirir las tierras abandonadas a través de compra, permuta o incluso expropiación, en casos justificados y cumpliendo con la legislación vigente.
• Gestionar y distribuir las tierras: El banco no solo sería propietario de las tierras, sino que también se encargaría de gestionarlas de manera eficiente y sostenible, buscando su máxima productividad. Priorizaría la distribución de estas tierras a:
  • Pequeños agricultores y cooperativas.
  • Jóvenes emprendedores del sector agrario.
  • Proyectos de agricultura ecológica y sostenible.
• Fomentar la investigación y la innovación: El banco podría colaborar con instituciones de investigación para desarrollar nuevas técnicas de cultivo y mejorar la productividad de las tierras.

Un censo como punto de partida: Para que el banco público de tierras pueda operar de manera efectiva, es fundamental realizar un censo detallado de las tierras abandonadas o subutilizadas. Sumar pide al Gobierno que priorice esta tarea, utilizando herramientas tecnológicas y colaborando con los ayuntamientos y las comunidades locales.

Más que una medida económica, un proyecto social: La creación de un banco público de tierras no es solo una medida económica, sino también un proyecto social que busca fortalecer el sector agrícola, promover el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria. Se trata de recuperar el control sobre un recurso estratégico para el país y ponerlo al servicio del bien común.

La propuesta de Sumar ha generado un amplio debate en la sociedad española. Mientras que algunos la ven como una oportunidad para revitalizar el sector agrícola y frenar el poder de los fondos de inversión, otros la critican por considerar que podría afectar a la propiedad privada y desincentivar la inversión en el sector.

En cualquier caso, la discusión sobre el futuro del suelo agrario español está más viva que nunca, y la propuesta de Sumar ha contribuido a poner sobre la mesa un tema crucial para el desarrollo sostenible del país.