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Guatemala, 16 de mayo de 2024 – El Ministerio de Finanzas Públicas ha levantado ampollas en el debate público al revelar que los Consejos de Desarrollo (Codedes) podrían ejecutar hasta el 60% de los Q12 mil millones asignados para el Programa de Desarrollo Integrado para la Reducción de la Pobreza y la Distribución del Ingreso (PIRD-RPI) en 2025. Esta cifra ha generado fuertes cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de estos fondos públicos destinados a combatir la pobreza y promover el desarrollo social en las comunidades más vulnerables del país.

La ejecución presupuestaria en los Codedes, según el informe del Ministerio de Finanzas, ha sido objeto de escrutinio desde abril. La preocupación radica en la magnitud de los recursos que podrían quedar sin utilizar o, peor aún, ser malversados, en un contexto donde miles de familias guatemaltecas enfrentan situaciones de extrema pobreza y carencia.

¿Qué son los Codedes y cuál es su función?

Los Consejos de Desarrollo son entidades descentralizadas creadas para promover el desarrollo local y la participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos de inversión pública. Su objetivo principal es canalizar recursos hacia las comunidades más necesitadas, impulsando iniciativas en áreas como educación, salud, infraestructura y desarrollo económico.

La Controversia: ¿Por qué se cuestiona la ejecución presupuestaria?

La cifra del 60% de ejecución potencial ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, analistas políticos y legisladores. Los cuestionamientos se centran en varios aspectos:

• Falta de Transparencia: Se exige mayor claridad sobre los criterios y procedimientos utilizados para la asignación y ejecución de los recursos en los Codedes.
• Ineficiencia en la Gestión: Se denuncia la posible existencia de deficiencias en la planificación, coordinación y supervisión de los proyectos, lo que podría estar contribuyendo al bajo nivel de ejecución.
• Riesgo de Corrupción: La gran cantidad de recursos involucrados genera preocupación por el riesgo de actos de corrupción y desvío de fondos.

Posibles Implicaciones y Demandas

La situación plantea serias implicaciones para el desarrollo social y económico del país. Si la ejecución presupuestaria no se mejora significativamente, miles de familias podrían verse privadas de los beneficios de los programas sociales. Además, la falta de transparencia y la sospecha de corrupción podrían erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Ante este escenario, diversas voces han demandado:

• Auditorías Exhaustivas: Realizar auditorías independientes y transparentes para evaluar la gestión de los recursos en los Codedes.
• Fortalecimiento de la Transparencia: Publicar información detallada sobre los proyectos, presupuestos y resultados de los Codedes en un portal web accesible al público.
• Mayor Control y Supervisión: Establecer mecanismos de control y supervisión más efectivos para prevenir la corrupción y garantizar la correcta ejecución de los recursos.
• Participación Ciudadana: Promover la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el seguimiento de los proyectos de desarrollo.

El futuro de los programas sociales en Guatemala depende de la capacidad del gobierno para abordar estos desafíos y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, transparente y en beneficio de la población más vulnerable. La ciudadanía observa con atención el desarrollo de este caso, esperando una respuesta contundente y medidas concretas para evitar que los fondos destinados a la reducción de la pobreza se pierdan en la burocracia o en manos de quienes buscan lucrarse a costa del bienestar de los demás.