La Retención a la Formalidad: ¿Una Inequidad que Debe Desaparecer?
La llamada 'retención a la formalidad' ha generado un intenso debate en Colombia, dividiendo opiniones entre juristas, empresarios y ciudadanos. Esta figura, que permite a las entidades financieras retener fondos de los contribuyentes por supuestos impuestos adeudados, ha sido objeto de críticas por su potencial impacto en la economía y en los derechos de los ciudadanos.
La Corte Constitucional, consciente de la controversia, tiene ante sí la crucial decisión de declarar la inexequibilidad de esta norma. La pregunta es: ¿por qué es tan importante que esta declaración se realice a la brevedad posible? La respuesta radica en los daños que la retención a la formalidad puede estar causando, y que podrían agravarse con el tiempo.
¿Qué es la Retención a la Formalidad y por qué es Problemática?
En esencia, la retención a la formalidad permite a las Direcciones Zonas de Vigilancia Aduanera (Diva) y a las oficinas de Tesorería retener sumas de dinero de cuentas bancarias de personas o empresas que sospechan de una posible deuda tributaria. El problema radica en que esta retención se realiza sin una investigación previa exhaustiva ni una notificación formal al afectado. Esto significa que individuos y negocios pueden ver sus fondos bloqueados sin tener la oportunidad de defenderse o impugnar la acusación.
La norma, aunque busca combatir la evasión fiscal, ha sido utilizada de manera indiscriminada, afectando a contribuyentes cumplidos y generando incertidumbre económica. Pequeños empresarios, emprendedores y trabajadores independientes han sido víctimas de esta retención, viéndose imposibilitados de cubrir sus gastos básicos, pagar a sus empleados o invertir en sus negocios.
El Impacto Económico y los Derechos en Juego
La retención a la formalidad no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un impacto negativo en la economía en general. La incertidumbre jurídica que genera desincentiva la inversión, frena el crecimiento empresarial y dificulta la creación de empleo.
Además, esta práctica vulnera derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad económica. Impedir que una persona acceda a sus propios fondos sin una justificación legal sólida es una clara violación de estos derechos.
La Necesidad Urgente de una Decisión de la Corte
La Corte Constitucional tiene la oportunidad de corregir esta injusticia y proteger los derechos de los colombianos. Declarar la inexequibilidad de la retención a la formalidad es un paso fundamental para garantizar un sistema tributario justo, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales.
Esperar más tiempo solo agravará el daño económico y social que esta norma está causando. La Corte debe actuar con celeridad y emitir una decisión que ponga fin a esta práctica abusiva y restaure la confianza en el sistema tributario colombiano. Es hora de priorizar la seguridad jurídica, la economía y los derechos de los ciudadanos sobre una norma que ha demostrado ser más perjudicial que beneficiosa.
En resumen, la retención a la formalidad es una herramienta que, si bien tiene una intención, se ha implementado de manera incorrecta, causando daño a la economía y vulnerando los derechos de los ciudadanos. La Corte Constitucional debe actuar con prontitud para corregir esta situación y garantizar un sistema tributario más justo y equitativo.
