Justicia anula el despido de una empleada de Mercadona vigilada por un detective
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el despido de una empleada de Mercadona tras comprobarse que la vigilancia de un detective resultó ilegal.
Detalles del fallo judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la nulidad del despido disciplinario aplicado a una trabajadora de la cadena de supermercados Mercadona. La medida de sanción se basó en la sospecha de que la empleada simulaba una enfermedad para obtener bajas médicas, una situación que la empresa intentó demostrar mediante la contratación de servicios de investigación privada.
La resolución judicial determina que el uso de un detective para vigilar a la trabajadora vulneró sus derechos fundamentales, específicamente el derecho a la intimidad y a la dignidad en el ámbito laboral. El fallo establece que la estrategia de vigilancia no cumplía con los requisitos de proporcionalidad y necesidad exigidos por la normativa vigente.
La investigación privada y el conflicto laboral
La empresa inició el proceso de despido tras recibir reportes de un investigador particular que sostenía que la trabajadora no mantenía el reposo necesario durante su ausencia laboral. Según la parte demandante, las evidencias recolectadas por el detective permitían inferir que la patología alegada no coincidía con las actividades observadas fuera del centro de trabajo.
Sin embargo, la justicia argumentó que la monitorización constante y específica sobre una persona con baja médica constituye una intromisión injustificada. Los magistrados señalaron que, si bien las empresas tienen capacidad de control, esta no puede extenderse de forma que menoscabe la privacidad del empleado fuera de sus funciones estrictas.
Consecuencias del despido nulo
Al declararse la nulidad del despido, la trabajadora tiene derecho a la plena reintegración en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que ostentaba antes de la sanción. Además, la sentencia conlleva las siguientes obligaciones para la compañía:
- El pago de todos los salarios dejados de percibir desde el momento de la extinción del contrato hasta su efectiva reincorporación.
- La anulación de cualquier antecedente disciplinario relacionado con este incidente en el expediente de la empleada.
- El reconocimiento de la vulneración de derechos fundamentales como causa principal de la nulidad.
Este precedente judicial subraya los límites de la potestad de control empresarial en España, especialmente cuando se involucran agentes de seguridad privada para fiscalizar la veracidad de las bajas médicas de los empleados.
